El Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, participó ayer 24 de julio en Cartagena de Indias, en el XIV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con su ponencia Los cambios en la Extinción de Dominio, ¿cuáles fueron y cuáles serán sus efectos?.
Durante su intervención, el alto funcionario enfatizó en que la Fiscalía está ante la aprobación de la Ley 1708 de 2014 que se refiere al nuevo Código de Extinción de Dominio, que cumplirá con el estricto propósito de darle normatividad y jurisprudencia al tema del desmantelamiento de las finanzas de las organizaciones criminales.
Explicó que la naturaleza declarativa de la extinción de dominio es fundamental para entender una de sus principales características como lo es la intemporalidad, que consiste en la posibilidad de declarar extinguido el derecho de dominio en cualquier tiempo aun cuando el hecho que configura la causal de extinción hubiere acaecido antes de la entrada en vigencia de la primera ley de extinción (Ley 333 de 1996), o incluso antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.
Destacó que la actual administración de la Fiscalía General de la Nación ha asumido como prioridad la lucha contra la criminalidad organizada, siendo un paso fundamental para el debilitamiento de este tipo de estructuras, el desmantelamiento de su poder financiero, para lo cual la extinción de dominio se erige como una herramienta indispensable por lo que, de abril de 2012 a junio de 2014, se ha incautado aproximadamente siete mil bienes estimados en 5 billones de pesos.
Señaló que entre los cambios sustanciales que traerá el nuevo Código se encuentran el encausar en u proceso de extinción de dominio todos los bienes que se deriven o sean utilizados para una actividad ilícita.
También establece un régimen de recompensa en favor de los particulares que reporten de manera eficaz, o que en forma efectiva contribuyan a la obtención de evidencia para la declaratoria de extinción de dominio, o que las aporte, evento en el cual, podrían recibir hasta el 5% del producto que el Estado obtenga por el remate de dichos bienes, entre otros.
