Como presuntas responsables de los delitos de fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, concierto para delinquir y usurpación de derechos de propiedad industrial, nueve personas fueron judicializadas por la Fiscalía, ante jueces de control de garantías de Bogotá y Medellín.
De acuerdo con la investigación adelantada durante dos años por un fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones, estas personas conformaban una organización delictiva dedicada a la fabricación y distribución en todo el país, de veneno para ratas, para el cual utilizaban Fluroacetato de Sodio o Compuesto 1080, sustancia que está prohibida en Colombia y por la Organización Mundial de la Salud, debido a su alta toxicidad y que no contiene antídoto.
Asimismo la Fiscalía estableció que la estructura criminal, que delinquía desde 2010, habría suplantado la marca del raticida Matarratas Guayaquil, cuyo laboratorio está autorizado para su distribución porque la forma de presentación es en cápsulas, mientras que el adulterado es comercializado en presentación líquida.
La banda fue desmantelada la semana pasada durante operativos realizados por el CTI, bajo la coordinación de la fiscal del caso, en Medellín y Bello (Antioquia), Bogotá y Soacha (Cundinamarca). En esta última ciudad era donde funcionaba la fábrica y donde se incautaron 39.000 rótulos, 389 etiquetas del matarratas, 1.500 grapas, 12.000 frascos vacíos, tres bolsas con polvo Fluroacetato de Sodio, 12.884 frascos con veneno y otras 55 botellas de 375ml del raticida.
Ocho de los detenidos, afectados con medida de aseguramiento, fueron identificados como: Rafael Alfonso Tocancipá Rodríguez, cabecilla de la organización; sus hermanos Héctor Francisco y Alfredo Tocancipá; Sigifredo de Jesús Cardona y sus hijos Héctor Fabio, Jorge Iván y Javier Cardona Idárraga, y William Alexander Morales Novoa.
La investigación permitió determinar que la fábrica ilegal funcionaba inicialmente en Medellín bajo las órdenes de Rafael Tocancipá, pero para despistar a las autoridades se trasladó a Bogotá y en la capital antioqueña quedaron encargados los Cardona.
El jefe de la organización, que ya tenía una condena anterior por hechos similares ocurridos en 2007, aceptó cargos parcialmente por el delito de fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, en tanto que los Cardona y Morales Novoa, quien era el encargado en Soacha de la fábrica, aceptaron todos cargos endilgados.
Por estos hechos la Fiscalía también imputó las mismas conductas en contra de Doris Cecilia Gil Galeano, la cual no aceptó cargos y permanece en libertad pero continúa vinculada a la investigación.
La fiscal del caso advirtió que este tipo de veneno aunque es de usos doméstico, también es mortal para las personas, por eso está prohibido, porque atenta contra la salud pública.
