Los dos hombres fueron capturados y judicializados el pasado mes de febrero por hacer parte de una red narcotraficante conocida como ‘La Punta’, que estaría involucrada en la salida de embarcaciones cargadas con estupefacientes por el Pacífico y el Caribe colombiano.
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron Eduardo Martínez Barón y el teniente de navío retirado Julián David Mosquera Dussán, dos presuntos integrantes de un grupo narcotraficante señalado de obtener clorhidrato de cocaína y enviarla por vía marítima con destino a Estados Unidos.
Servidores del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) notificaron a estos dos hombres de una solicitud de extradición en su contra. Las diligencias se realizaron en la cárcel de Coveñas (Sucre) y en un inmueble de Neiva (Huila), respectivamente, donde permanecían privados de la libertad desde el pasado mes de febrero cuando fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer, entre otros.
Ahora, una Corte del Distrito de Florida (Estados Unidos) los requiere para que respondan por cargos relacionados con narcotráfico.
El pedido internacional precisa que Martínez Barón sería el encargado de conseguir los cargamentos de cocaína, coordinar su traslado a zonas costeras del Caribe y Pacífico colombiano, y pagar a integrantes de la fuerza pública para que facilitaran el envío. Entre tanto, el entonces teniente de navío Mosquera Dussán habría aprovechado su cargo en la Armada Nacional para entregar a la red narcotraficante, a cambio de dádivas, información privilegiada sobre las operaciones y las condiciones meteorológicas en alta mar, de tal manera que las embarcaciones cargadas con estupefacientes pudieran zarpar sin ser detectadas.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
