En la imagen aparece la mujer aparece con sus manos a la espalda, custodiada por dos uniformados dela Policía, y en una mesa frente a ellos, un revólver,  munición y un equipo celular.
Diana Carolina Díaz Peña pue imputada por los delitos de secuestro simple y hurto calificado; ambas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Fue cobijada con medida carcelaria.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diana Carolina Díaz Peña, presunta responsable de participar en el hurto a una finca ubicada la vereda San Pedro, en zona rural de Sabanalarga (Casanare).

Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó los delitos de secuestro simple y hurto calificado; ambas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La mujer no aceptó los cargos.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de noviembre, cuando Díaz Peña llegó, en compañía de tres hombres en motocicletas, a la finca. Al parecer, ingresaron y amenazaron a cuatro personas, entre las cuales había dos menores de edad.

Los presuntos atacantes retuvieron a las víctimas por varias horas, a quienes encerraron en una habitación. Además, al parecer, se apoderaron de varios elementos de valor y dinero en efectivo, avaluados en más de 8 millones de pesos.

La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de esta mujer cerca de un peaje del sector y le incautaron un revólver, munición dinero en efectivo y una motocicleta.

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.