La Fiscalía seccional Boyacá judicializó a María Elena Arévalo González como posible responsable del delito de extorsión.

Según la investigación, la mujer procesada haría parte de una red encargada de exigir dinero a las familias en diferentes municipios del departamento, a cambio de no quemarles los vehículos.

En este caso, le fue imputado un evento del 11 de abril de 2022, en el cual, la víctima residente en una vereda del municipio de Nuevo Colón (Boyacá), fue contactada por un supuesto cliente para un transporte de mercancía hasta la localidad de Miraflores.

Se indicó en la audiencia que, luego de pactado el pago del servicio, la víctima mientras se desplazaba hacia el lugar donde debía realizar la carga de la mercancía, fue de nuevo contactada vía celular por una persona, quien decía ser comandante de un grupo guerrillero.

Asimismo, durante la llamada habría sido obligada a parar el camión y luego, se le habría exigido los números celulares de su familia, con el fin de llamarlos y pedir el pago de 12 millones de pesos a la cuenta de ahorros de Arévalo González.

Durante la comunicación se le indicó cuál era su posición geográfica y, además que estaba siendo vigilada, que de no pagar podría morir y el automotor sería incinerado.

Por estos hechos esta persona fue puesta a disposición de un juez de control de garantías quien le permitió la libertad, aunque seguirá sometida al proceso penal por el delito antes mencionado.

La Fiscalía habla con resultados

 

 

 

CMRM/EC/FAGH

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.