La petición de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Irma Osiris Hernández Legía, como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, fue atendida por un juez de control de garantías.
La mujer sería integrante de un grupo de delincuencia organizado que realiza extorsiones desde establecimientos carcelarios. Según se pudo establecer las víctimas de los ilícitos eran comerciantes, docentes, ganaderos y amas de casa que residen o laboran en Cartagena y los municipios circunvecinos.
Labores de Policía judicial permitieron determinar que desde los centros de reclusión algunos internos se identificaban como integrantes de organizaciones armadas ilegales para llamar a personas previamente estudiadas como potenciales víctimas. Estos ciudadanos eran citados a reuniones clandestinas so pena de tener que abandonar sus predios, si no cumplían las citas.
Además, los procesados también fingirían ser policías; y en muchos casos afirmaban tener detenido a un supuesto familiar de las víctimas, a quien procesarían por algún delito, a menos que cancelaran determinada suma de dinero.
Labores de policía judicial evidenciaron que la procesada, de 44 años, sería la responsable de cobrar en una empresa de giros las sumas consignadas por las extorsiones. Uno de estos casos se presentó el 26 de enero cuando retiró dos millones de pesos, aparentemente, producto de una de esas exigencias ilegales.
La evidencia física recaudada demostraría que Hernández habría registrado 19 movimientos de dineros en una casa de envíos, al parecer producto de las referidas actividades ilegales.
La procesada que fue capturada por el Gaula de la Policía en una vía pública de Cartagena, aceptó los cargos imputados por el ente acusador y quedó recluida en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
MEVA/MAGA/HLP/DSB
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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