La adquisición de cuatro inmuebles rurales, uno urbano, tres vehículos, dos establecimientos de comercio y dos sociedades correspondería a maniobras realizadas por una red delictiva, que estaría vinculada al hurto de hidrocarburos en los Llanos Orientales, Huila y Magdalena.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, afectó los bienes con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, ante la evidencia de su posible origen ilícito.
Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera articulada con la DIJIN de la Policía Nacional en San Carlos (Córdoba); Galapa, Baranoa y Barranquilla (Atlántico); y Cartagena (Bolívar). Los cálculos preliminares indican que el avalúo comercial podría superar los 3.800 millones de pesos.
La organización delincuencial involucrada en la actividad ilegal es conocida como ‘Bunkeros’ y estaría conformada por 21 personas, las cuales fueron judicializadas en 2018. Entre los procesados están los señalados articuladores, identificados como Wilson Daniel Rodríguez Rojas, Ciro Alfredo Navarro Castilla y Rafael Arturo Guzmán Berdugo.
Los elementos de prueba dan cuenta de que esta estructura sería la responsable de ingresar camiones tipo cisterna a parqueaderos donde, mediante el uso de motobombas o la instalación de válvulas, extraía el crudo de las líneas de transmisión. De esta manera, se habría apropiado, aproximadamente, de 700 barriles de combustibles.
Los bienes ocupados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/LPDS/MRC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
