Fueron afectados bienes ubicados en Turbaco (Bolívar), los cuales superan en valor los 412 millones de pesos.
Durante dos años un funcionario del Fondo para la Reparación de las Víctimas habría adquirido inmuebles con recursos ilícitos, obtenidos por su posible participación en un entramado de corrupción que levantó medidas de embargo sobre activos ubicados en Bolívar y Córdoba, y posteriormente los comercializó a terceros.
A través de diferentes maniobras fraudulentas se concretó la actividad ilegal entre 2015 y 2017. Por estos hechos, varios servidores públicos y particulares fueron vinculados formalmente a una investigación por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.
En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre cuatro predios rurales ubicados en Turbaco (Bolívar), que pertenecerían a uno de los funcionarios implicados.
Las propiedades, avaluadas en algo más de 412 millones de pesos, están ubicadas en Turbaco (Bolívar). La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración mientras avanza el proceso de extinción de dominio.
Esta información se publica por razones de interés general.
FAGH/JARG/SC/JIC/DEED/ALTR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
