Un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Urpa), Seccional Cali, judicializó a un menor de 16 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.  

Por su parte, la juez primera penal de Cali, con función de control de garantías, acogió los argumentos expuestos por el ente acusador y dictó medida de internamiento preventivo contra el supuesto infractor, la cual cumplirá en el Centro de Atención Especializado (CAE) Valle de Lili, en el sur de la ciudad.  

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el adolescente estaría implicado en el crimen de una niña de 9 años, quien desapareció el pasado 9 de junio del barrio Comuneros I, donde vivía, por lo que se inició una intensa búsqueda por parte de su familia y vecinos del sector, apoyados por unidades de la Policía de Vigilancia.   

Un día después, el 10 de junio, el cuerpo sin vida de la menor fue encontrado en un cañaduzal en el sector de invasión Haití, barrio Brisas de Comuneros, en el oriente de Cali. 

De acuerdo con la inspección preliminar al cadáver, la víctima presentaba señales de asfixia y tortura, además de signos de abuso sexual.  

El menor fue aprehendido el pasado 24 de julio durante una diligencia de registro y allanamiento a la vivienda donde habita en el Distrito de Aguablanca, por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades de la Policía Metropolitana de Cali, en cumplimiento de una orden judicial. 

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.  

JGPV/JE/DLBM.  

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.     

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