La Fiscalía General de la Nación, ante el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cúcuta (Norte de Santander), con funciones de control de garantías, imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir a Carlos Andrés Guevara Márquez, alias Yean Carlos, presunto integrante de las disidencias del frente 33 de las FARC.   

Carlos Andrés Guevara Márquez, alias Yean Carlos, fue capturado por el Ejército y la Policía Nacional, señalado como presunto integrante de las disidencias del Frente 33 de las Farc y posible partícipe del homicidio del político Bernardo Betancourt Orozco.

La captura del procesado fue realizada en la vereda Caño Salado de Tibú (Norte de Santander), en un operativo conjunto entre la Policía y Ejército Nacional.   

Mediante labores investigativas y de inteligencia se logró establecer la supuesta participación de Guevara Márquez en el asesinato de Bernardo Betancourt Orozco, candidato a la Alcaldía de Tibú (Norte de Santander) para el período 2020 – 2024.   

Los hechos sucedieron en el corregimiento La Gabarra de Tibú el 15 de septiembre de 2019. La víctima, en compañía de su esposa y varios integrantes de su comitiva, esperaba una lancha que lo llevaría a la vereda El Silencio para continuar con la campaña electoral. Allí, fue interceptado por varios hombres que le dispararon con armas de fuego y le ocasionaron la muerte de forma instantánea.    

En audiencias preliminares, el juez de control de garantías avaló los argumentos de la Fiscalía e impuso al procesado medida de aseguramiento preventiva de detención en establecimiento carcelario. 

Esta información se publica por razones de interés general. 

 

 La Fiscalía habla con resultados. 

 

MPHA/DATO/DLBM /JARG. 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.