El Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Armenia, por solicitud de la Fiscalía 14 Seccional, dictó medida de aseguramiento en contra del exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Carlos Alberto Franco Cano y el ex subdirector de Políticas Ambientales de la misma entidad y creador de la Fundación Mages, Edgar Giraldo Herrera; por delitos que atentan contra la Administración Pública.
La medida también afecta a la jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la CRQ. A los tres la Fiscalía les endilgó cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, peculado por apropiación y peculado culposo.
En la investigación desarrollada por miembros del CTI, adscritos a la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de la Fiscalía en Armenia, se estableció que el convenio 079 de 2009 suscrito entre la CRQ y la Fundación MAGES presentaba irregularidades.
Dicho convenio se realizó en desarrollo del acuerdo interadministrativo de cooperación suscrito entre el Fondo Nacional Ambiental (Fonam) a cargo del Viceministerio de Medio Ambiente y la CRQ el 30 de diciembre de 2008, donde el imputado Carlos Alberto Franco Cano, en calidad de director, celebró dicho contrato el 11 de Diciembre de 2009 con Sebastián Ospina Cárdenas, representante legal de la Fundación Mages.
En la investigación se determinó que en la fase precontractual, no se tuvieron en cuenta factores de escogencia mediante un concurso público, violando el principio de trasparencia y selección objetiva; además el contrato se hizo con una entidad sin ánimo de lucro carente de experiencia, sin embargo aportaron documentos falsos para demostrar que había celebrado varios contratos. Asimismo se concluyó que el contenido de los estados financieros aportados no era real.
Durante la ejecución del convenio, al parecer, hubo mal manejo con la propagación del material vegetal y falta de cuidado del mismo, por lo tanto, no se ha podido entregar lo convenido y el contrato no ha sido liquidado.
Al término de la audiencia de imputación, los procesados no aceptaron los cargos y el juez ordenó su captura, la cual se hizo efectiva por parte de servidores del CTI. Posteriormente fueron trasladados a un centro penitenciario de Armenia, donde permanecen recluidos.
