Según las investigaciones, el accionar de los capturados era sistemático y no atendían a las solicitudes de las víctimas de no continuar con la deforestación a gran escala.
La Fiscalía General de la Nación a través de la seccional Vichada, logró que un juez del municipio de Cumaribo acogiera todas sus pretensiones en el sentido de legalizar las diligencias de registros voluntarios, capturas y dictar medida de aseguramiento restrictiva de su libertad contra Marcos Pónare González, Leonardo Caribán Caribán, Ángel Pónare Caribán y Carlos Alberto Gaitán Gaitán, como presuntos responsables de los delitos de deforestación en concurso heterogéneo sucesivo con daños en los recursos naturales y ecocidio y concierto para delinquir.
Según las denuncias de las víctimas de estas violaciones contra el medio ambiente, los capturados vendrían adelantando estos delitos desde enero del año 2013, y en su accionar habrían alcanzado a afectar más de 25 hectáreas pertenecientes a las fincas La Libertad y La Envidia, ubicadas en la vereda La malicia, zona rural del municipio de Cumaribo (Vichada), tumbando y quemando grandes extensiones de tierra, afectando cuerpos hídricos, flora, fauna y en general recursos naturales.
Los imputados por los delitos de deforestación en concurso heterogéneo sucesivo con daños en los recursos naturales y ecocidio y concierto para delinquir, aunque no aceptaron los delitos endilgados en su contra, fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros, pero el juez concedió la medida en una casa indígena especial que ellos tienen para estos casos, respetando la cosmología, cultura y costumbres de las comunidades indígenas del departamento.
La Fiscalía habla con resultados.
DSV/LAZL/FAGH/DEF.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
