A la víctima le habrían suministrado una sustancia para dejarla en estado de indefensión, causando la muerte mediante asfixia mecánica y robado las tarjetas bancarias para hacer transacciones virtuales y compras en establecimientos de comercio.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías elementos materiales probatorio que dan cuenta de la posible participación de Nathalia Carolina Vargas Salcedo en el crimen del ciudadano ecuatoriano Javier Alejandro Vásquez Chacón, ocurrido el pasado 22 de diciembre de 2024, en Medellín (Antioquia).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas. La procesada no aceptó cargos y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación, la mujer, de nacionalidad venezolana, habría contactado a la víctima a través de una aplicación y concretado una cita en un bar ubicado en la Avenida Las Palmas.
Videos de cámaras de seguridad y las evidencias obtenidas indican que Vargas Salcedo llegó al lugar en compañía de otra persona y compartió con el ciudadano ecuatoriano hasta la madrugada. Juntos salieron del sitio y tomaron un vehículo particular rumbo a un hotel. Al llegar al establecimiento el ciudadano ecuatoriano estaba inconsciente, producto de una sustancia que presuntamente le suministraron. En ese sentido, fue trasladado con ayuda a una habitación.
En este punto, y aprovechando el estado en el que se encontraba, le fueron sustraídas tarjetas crédito y débito, con las cuales se realizaron transacciones virtuales y compras en un centro comercial por más de 12 millones de pesos. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el alojamiento horas después con signos de estrangulamiento.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
