La Fiscalía General seccional Boyacá, logró que un juez de garantías decretara medida de aseguramiento en centro carcelario, en contra de seis presuntos integrantes de una organización delincuencial identificada como La Hermandad, al parecer dedicados al tráfico de drogas en este departamento.
Según la investigación el grupo de delincuencia, al parecer, comercializaba estupefacientes en menores cantidades bajo la modalidad de narcomenudeo y domicilio exprés, entregas coordinadas mediante las redes sociales.
Además, se puedo establecer que venían afectando la seguridad en los barrios La Granja, José Antonio Galán, Coeducadores, Los Muiscas, El Paraíso, Sector de la Glorieta Norte y el parque la Biblioteca de la ciudad de Tunja y otros sectores del municipio de Guateque en este departamento.
Durante las diligencias de allanamiento y registro a varios inmuebles, les fue incautado un automóvil, una motocicleta, celulares, dosis de bazuco y marihuana, listas para la venta.
Los afectados con la medida son; Adán Cárdenas Cárdenas alias Jara, Rafael Eduardo Ponce Mattos Alias Rafa, Daniel Humberto Gallo Arcos alias Daniel, Yorman Daniel Giménez Arias alias Daniel o Veneco, John Kevin Patiño Quezada alias Yorman y José Iván Fonseca Tambo alias Chimuelo.
La evidencia y el suficiente material de prueba en su contra permitió que un fiscal de la seccional Boyacá les imputara los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Estas personas continuaran el proceso en su contra desde el centro de reclusión, el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Combita.
La Fiscalía habla con resultado
CMRM/EC/FAGH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
