La Fiscalía y López Rosero suscribieron un preacuerdo por el cual se impone una pena de prisión de 6 años, un mes y 21 días. Además, reintegró 7.722 millones de pesos.
La macroinvestigación por el saqueo de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, puso al descubierto a los responsables de estos hechos de corrupción. Entre ellos, el contratista Luis Eduardo López Rosero, con quien suscribió un preacuerdo.
El procesado de manera libre y voluntaria aceptó su responsabilidad en los hechos ilícitos que se le atribuyen. En ese sentido, un juez penal especializado de Bogotá lo condenó a 6 años, un mes y 21 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Adicionalmente, le impuso una multa equivalente a 7.948 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad intemporal para desempeñar cargos públicos y contratar con el Estado personalmente o por interpuesta persona.
De acuerdo con las pruebas obtenidas, entre septiembre de 2023 y enero de 2024, López Rosero recibió información privilegiada de los procesos contractuales que se seguían en la UNGRD, por lo que ajustó propuestas, cotizaciones y otros requisitos para presentar sus empresas y quedarse con un contrato para el suministro de carrotanques para La Guajira. Por este favorecimiento pagó dádivas y se quedó con 7.722 millones de pesos.
La totalidad de los recursos apropiados ilícitamente por el contratista fueron reintegrados como parte del preacuerdo celebrado con la Fiscalía.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/MCPG/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
