La víctima fue sometida a múltiples agresiones que le causaron la muerte y su cuerpo fue arrojado a una quebrada.

Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a 37 años y 5 meses de prisión a Camilo Múnera Osorio por su responsabilidad en el crimen de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín (Antioquia).

En ese sentido, al término de las audiencias de juicio oral, fue declarado responsable del delito de homicidio agravado.

Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron la noche del 14 de agosto de 2023, cuando el hoy condenado y otros dos hombres solicitaron un servicio de transporte mediante una plataforma digital, para trasladarse del barrio Laureles al corregimiento San Cristóbal en Medellín.

Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, evidenciaron que, cerca del destino, la víctima fue obligada a trasladarse al asiento trasero del vehículo, donde fue amarrada de pies y manos y agredida en repetidas ocasiones.

Posteriormente, en una zona despoblada del sector Las Hamacas, fue obligada a descender del automotor y atacada hasta causarle la muerte. Los agresores arrojaron el cuerpo a una quebrada y huyeron del lugar con el carro y las pertenencias del conductor.

Por estos hechos, el hoy condenado había sido sentenciado previamente, mediante preacuerdo, a 7 años y 5 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado.

Esta decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

NAMT/AMCJ/LCHG/DAGP/DSM/

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.