Al acoger los argumentos de la Fiscalía, un magistrado de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín ordenó la cancelación de tres escrituras públicas de igual número de terrenos, que fueron arrebatados a sus legítimos dueños por integrantes del frente ‘Arlex Hurtado’ de las autodefensas en el municipio de Mutatá (Antioquia).
De acuerdo con lo investigado, en el año 2000 aparece firmada una compraventa de los predios Casa Mía, El Roble y Los Almendros, por Hernando Cardona Higuita, de quien se pudo establecer fue asesinado por paramilitares en 1997. Al establecer que se trataba de documentos fraudulentos la Fiscalía 17 de Justicia y Paz solicitó la cancelación de las escrituras y la devolución a sus verdaderos propietarios, pero el magistrado de entonces se declaró incompetente para conocer de ese caso.
La Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso de apelación elevado por la citada fiscalía, fallo del 30 de marzo último, determinó que los magistrados de control de garantías tienen competencia para invalidar las escrituras en casos de despojos perpetrados en el contexto del conflicto armado.
En consecuencia, el magistrado Jesús Olimpo Castaño Quintero al valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía ordenó cancelar las escrituras y los respectivos folios de la Oficina de Instrumentos Públicos, y dispuso el restablecimiento material de los predios, 105 hectáreas, a sus legítimos dueños.
