La Jueza 47 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, legalizó la decisión del Fiscal General de la Nación de conceder el principio de oportunidad al abogado y contratista Emilio José Tapia Aldana, en la modalidad de suspensión de la acción durante 360 días, en lo que respecta al delito peculado por apropiación.

En desarrollo de una audiencia, de carácter reservado, la jueza consideró que la petición del ente acusador se ajusta a los preceptos  constitucionales y  garantiza la debida administración de justicia.

Con esta decisión, Tapia Aldana se convierte en testigo de cargo para lograr la verdad, la justicia y la reparación dentro de las investigaciones que se adelantan sobre los procesos licitatorios, adjudicaciones y ofertas mercantiles en el marco de la contratación irregular de obras en la capital del país.

Al parecer, Tapia tuvo una participación activa en la contratación irregular pública en Bogotá, al lado del exalcalde Samuel Moreno, el senador Iván Moreno, Álvaro Dávila, Julio Gómez y funcionarios del IDU. Su participación se centró, básicamente, en la cesión de los contratos de la Fase III de Transmilenio, varios contratos de la malla vial y valorización del Distrito.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el imputado participó activamente en los  contratos 071 y 072 de malla vial de la capital del país, al igual que  en 7 contratos de valorización de obras que debían adelantarse en la fase III de Transmilenio.

El abogado, gestor inmobiliario y  contratista, sin tener la condición de servidor público, habría actuado con funcionarios del IDU con el fin de manipular los procesos licitatorios y obtener la selección de las compañías que él y los demás intervinentes en ese concierto favorecían.

La legalización del principio de oportunidad permite iniciar formalmente la colaboración de Tapia Aldana; sin embargo, para la solución total de su caso aún está pendiente la aprobación del acuerdo al que llegó con la Fiscalía por los demás delitos imputados, que incluye la aceptación de su responsabilidad y la fijación de una pena de 13 años de prisión. Con este fin, el Juez 42 Penal del Circuito, de conocimiento, citó a audiencia el próximo 7 de marzo del 2013.