Por petición de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Cuarto Penal Municipal, con funciones de control de garantías, legalizó las nueve capturas realizadas en Buenaventura (Valle del Cauca), por supuestas irregularidades en la contratación para cobertura educativa de esa localidad.
De acuerdo con lo establecido, las irregularidades se habrían presentado en más de 90 contratos, de los cuales seis fueron objeto de análisis investigativo, donde se determinó que habrían sido otorgados directamente y sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional; pero a su vez, los contratistas subcontrataron con instituciones educativas de las que ellos hacían parte. El valor de los contratos es de 3.070 millones de pesos.
Según la Fiscalía, en el año 2012, la Alcaldía de Buenaventura presentó un estudio donde decía que aproximadamente 48 mil alumnos no tenían cupo en Buenaventura. Como consecuencia de eso, el Ministerio de Educación Nacional, a través del sistema general de participaciones, autorizó 21.000 cupos.
Así, la ciudad contrató a 97 operadores bajo la modalidad de contratación directa para que prestaran el servicio de educación en la ciudad. Y allí aparecieron las denuncias. La Fiscalía, hizo las primeras revisiones a los contratos y halló que en ellos se informaba que cada uno de los 3845 menores favorecidos en esos seis casos, le costaba un millón de pesos al municipio.
Los seis operadores habrían subcontratado con otros 33 para prestar ese mismo servicio por la mitad del valor que ya había pagado la administración municipal. Es decir, mientras el municipio pagó el servicio a un millón de pesos por cabeza, estos contratistas pagaron solo 500 mil pesos.
Las firmas vinculadas a la investigación son la Fundación Perla ONG, Fundación Etnoeducativa del Pacífico, Fundación Cooperativa del Pacifico, Corporación Mujeres del Pacifico Defendiendo la Pobreza, Corporación Héroes del Saber y Corporación Gimnasio Cooperativo del Pacífico.
Algunos de los contratistas son empresas creadas pocos días antes de la firma de las convenciones para prestar este servicio educativo y no poseen los tres años de experiencia que la ley exige.
Asimismo, aparecieron niños clonados. Los mismos menores fueron hallados en varias listas y en varios colegios; además, surgieron nombres de servicios prestados para menores de edad que nunca nacieron, “es decir, eran niños fantasma”, explicó el Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Por otra parte, los contratos se suscribían a 8 meses, cuando la ley decía que debían hacerse por lo menos a diez meses.
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), del Valle del Cauca y Bogotá, capturaron a nueve personas por estos hechos, entre ellos el alcalde actual de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, luego de que un juez librara las respectivas órdenes, previa solicitud de la Fiscalía.
En estos momentos, se llevan a cabo las audiencias preliminares en Buga (Valle del Cauca), en las que la Fiscalía formula cargos por los delitos de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
MAP/DLBM
