En una lancha eran transportados 374 kilos de clorhidrato de cocaína, 511 kilogramos de marihuana y 770 galones de gasolina. Cuatro hombres fueron judicializados.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos ciudadanos colombianos, uno nicaragüense y uno costarricense que viajaban en una embarcación con un cargamento de cocaína y marihuana; además de gasolina.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) establecieron el zarpe de una lacha tipo camaronera con narcóticos que viajaba rumbo a Centro América. Esta información fue compartida con la Armada Nacional y en un operativo de interdicción fue inmovilizada.
Estas acciones se cumplieron a 55 millas náuticas del puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) y en su interior fueron encontrados 374 kilos de clorhidrato de cocaína, 511 kilogramos de marihuana y 770 galones de gasolina. Dicho cargamento tendría un valor 3.900.000 de dólares.
A los ocupantes de la nave les fueron incautados dos celulares, cuatro GPS, tres sim card y dos motores fuera de borda. La lancha también fue inmovilizada con fines de comiso; y se dispusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo.
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; cargos que no fueron aceptados por los procesados.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
