La Fiscalía Seccional Caldas judicializó a Luis Miguel Cañón González, luego de que varias personas lo señalaran de ser el presunto asesino de su compañera sentimental Ana María Gallard Sánchez, ocurrido al mediodía del pasado 31 de diciembre, en el sector conocido como La Calle de la Penicilina en La Galería de Manizales (Caldas).
Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de feminicidio agravado y un juez de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento intramuros en la Cárcel de Varones de Manizales.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, Cañón González y la víctima convivían desde hace varios años, y según testigos, al parecer, ejercía sobre ella todo tipo de mal tratos pero esta nunca lo denunció.
Ese día, según las declaraciones de los testigos, la mujer se encontraba en la zona y un familiar del presunto agresor, propietario del lugar donde sucedieron los hechos, los vio ingresar y posteriormente salir corriendo, al hoy capturado, y a la mujer mal herida.
La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial por personas que se encontraban en el lugar pero murió por la gravedad de la lesión recibida en un pulmón.
En las indagaciones hechas por uniformados se estableció que el victimario habría comprado en un local de la zona un arma blanca con la que habría apuñalado a su compañera sentimental.
Con testimonios y la descripción del hombre, las autoridades corroboraron la información en cámaras de seguridad e iniciaron la búsqueda logrando su captura en el sector conocido como Cambalache, en La Galería.
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La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.