Luego de avalar el preacuerdo celebrado entre una fiscalía especializada de Cúcuta y la defensa de los procesados, un juez de conocimiento condenó a nueve integrantes de un grupo delincuencial, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.
En virtud de un preacuerdo, en el que los procesados aceptaron su responsabilidad, las condenas fueron establecidas así:
- Wilver Albeiro Álvarez Plaza y José Daniel Rodríguez Oballes: condenados a 6 años dos meses prisión y el pago de una multa de 2.027 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Aquilino Calderón Granados: condenado a 5 años 5 meses de prisión y una multa de 1.352 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien además se le judicializó por el delito de uso de menores para la comisión de delitos.
- Stephany Alejandra Yayes Matute, Miguel Parra Peinado, Daladier Tarazona Sandoval, Antonia Cantor, Fabián Ernesto Rodríguez Mendoza: condenados a 4 años dos meses de prisión y al pago de una multa de 1.352 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los hechos que dieron origen a la sentencia se relacionan con el actuar delictivo de los procesados bajo el liderazgo de Wilver Albeiro Álvarez Plaza, quienes se dedicaban a la distribución y venta de sustancias estupefacientes en los barrios García Herreros, Bajo Pamplonita y otros sectores aledaños a Cúcuta (Norte de Santander).
El ente acusador recolectó elementos materiales probatorios mediante declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos, compras controladas, entre otros procedimientos de policía judicial, que permitieron capturarlos en abril de 2019, en diligencias de allanamiento y registro adelantadas por integrantes de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Los condenados se encuentran recluidos en la Cárcel Modelo de esta ciudad.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/MG/JAAL/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
