El abundante material probatorio presentado por una fiscal de la Seccional Risaralda fue suficiente para demostrar la participación de Jeison Stiven Agudelo Olaya, alias Sisas; y de José Alexander Cárdenas, alias Chuck Norris; en un homicidio ocurrido el pasado 15 de febrero.
Los hechos investigados sucedieron en vía pública del sector El Crucero de Dosquebradas (Risaralda) donde Agudelo, en compañía de otra persona, atacó con un arma de fuego a Mauricio Antonio Osorio Hernández, alias El Zarco, quien perdió la vida producto del ataque.
Tras la agresión los procesados huyeron del lugar; siendo Cárdenas el encargado de ocultar el arma con la que se había concretado el crimen. Los argumentos de la Fiscalía motivaron a los ahora condenados a suscribir un preacuerdo.
Dicho acto fue avalado por un juez de conocimiento quien impuso la referida condena a 18 años y 10 meses de prisión contra Jeison Stiven Agudelo Olaya; y de 5 años y 10 meses para José Alexander Cárdenas; quienes fueron encontrados responsables de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego agravado, respectivamente.
Los implicados fueron capturados en marzo de 2022 por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y Policía Nacional y desde ese momento se encuentran en detención intramural.
Luís Gerardo Narváez, alias Carramán, otro de los presuntos implicados en estos hechos negó su responsabilidad frente a los delitos a él atribuidos por lo que continuará en proceso judicial. Esta persona actualmente se encuentra recluida en centro penitenciario.
Esta sentencia quedó en firme.
Esta información se publica por razones de interés general.
CLCG/MAGA/AMBV/DSR
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.