Servidores del CTI y la Policía Nacional capturaron a los procesados en desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento en la que además fueron incautadas arma, estupefacientes y dinero en efectivo.

Por solicitud de un fiscal adscrito a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco extranjeros, presuntamente implicados en el tráfico de estupefacientes en Pore (Casanare).

Se trata de Jesús Reisuga Ochoa Guerrero, de 27 años; Yaelitza Magdalena Hernández Hernández, de 26; William Junior Hernández Hernández, de 20; Luisana Yerelmi Paduane Roja, de 21; y Wilker Alejandro Hernández Hernández, de 18.

Información en poder de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar a los procesados, quienes fueron capturados durante una diligencia de registro y allanamiento practicada a una vivienda de la vereda Tasajera en esa localidad.

La acción judicial fue adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. Tras las capturas fueron incautadas: un arma de fuego, una pistola traumática, un arma hechiza, un arma neumática distintas cantidades de marihuana, cocaína y dinero en efectivo entre otros elementos.

Los procesados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas; en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Ninguno de los cargos fue aceptado.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

PYMP/MAGA/APS/DSC

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.