La Fiscalía logró que un juez de garantías dictara medida de aseguramiento en contra de Juan Marcos Cubeo Tanimuca, señalado como responsable del delito de acceso carnal violento agravado, en hechos ocurridos el pasado 19 de noviembre del año 2020.
Según la investigación y el relato de la víctima, quien para la fecha de los hechos contaba con 11 años, dan cuenta de que, presuntamente Cubeo Tanimuca tomó por detrás a su víctima tapándole la boca para evitar que gritara y luego se la llevó a la fuerza hasta el basurero de la población. En este lugar le habría propinado un golpe en la cabeza que le hizo perder el conocimiento, posteriormente la accedido sexualmente.
El procesado, al parecer, fue sorprendido por una persona que pasaba por ese sector a esa hora y alcanzo a huir, mientras que la menor fue rescatada por una familiar quien la llevó al centro asistencial donde fue atendida. La Fiscalía le imputó el delito antes mencionado cargo que no fue aceptado por el indiciado.
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La fiscalía logró que un juez condenara a 12 meses de prisión a Yorman Antonio Hernández Silva, luego de que aceptara el delito imputado de violencia intrafamiliar agravada.
Los hechos se presentaron el 1 de diciembre del 2021, en una panadería donde laboraba la víctima y compañera sentimental de Hernández Silva, hasta donde llegó y la maltrató psicológica y físicamente.
Luego de que el ente acusador aportara ante el juez del caso todos los elementos materiales probatorios, el hombre se allanó a los cargos imputados y con un preacuerdo el togado avaló el procedimiento, dándole lectura al fallo con sentido condenatorio a una pena de un año sin subrogados, quedando en firme la medida intramuros.
La Fiscalía habla con resultados.
DSGV/LAZL/FAGH/LFRR.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
