La Fiscalía seccional de Boyacá destacó el trabajo de los fiscales encargados de los delitos contra los niños, niñas y adolescentes.
La Fiscalía General de la Nación a través de la seccional Boyacá reveló que durante lo corrido del 2022 se han esclarecido el 64.42% de los casos investigados por delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Esta cifra es superior a la establecida durante el mismo periodo del 2021, la cual apenas promediaba el 12.07 %.
El avance de estos esclarecimientos son el resultado de la designación de 6 fiscales itinerantes, quienes están a cargo de esclarecer las denuncias y los procesos de violencia intrafamiliar, en los que se han vulnerado los derechos de los niños.
Asimismo, fueron asignados 3 fiscales itinerantes con el fin de hacerse cargo de todas aquellas denuncias en las que estén probablemente vulnerados los derechos sexuales de los menores.
“Estás conductas delictivas están afectando en especial a nuestros niños, ya que ocho de cada 10 denuncias involucrada a esta población vulnerable”, indicó la directora de fiscalías de Boyacá, Natalia Franco Reyes.
El anuncio fue hecho en desarrolló del Foro Integral de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que contó con la presencia de delgados del Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y la comunidad educativa.
Este evento hace parte del direccionamiento estratégico del Fiscal General Dr. Francisco Barbosa Delgado prioriza la investigación de estos delitos en los que son víctimas niñas, niños y adolescentes.
La Fiscalía habla con resultados.
CMRM/LNFR/FAGH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
