El Juzgado 52 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, legalizó las capturas en contra de dos jueces de la república y varios empleados de la rama judicial señalados de corrupción por la manipulación y desvío de procesos.
En la diligencia judicial, efectuada por fiscales delegados ante tribunales superiores de la Unidad Nacional de Investigaciones contra Funcionarios de la Rama Judicial, se reveló que estas personas se dedicaban a dirigir medidas de aseguramiento, tramitaban libertades irregulares, emitían copias de audiencias preliminares de forma indebida y ordenaban traslados de presos a diferentes ciudades.
Se les vinculó como como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, concusión y cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias.
Las órdenes de captura fueron proferidas por un juez de Tunja el pasado 10 de octubre, que daba cuenta de una organización al margen de la ley dedicada a intervenir indebidamente en los trámites en los juzgados penales y civiles de la capital.
Al proceso fueron vinculados dos jueces penales municipales y otros funcionarios.
