El Juez 31 Penal Del Circuito de Bogotá con funciones de conocimiento, actuando en segunda instancia, ordenó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra del gerente de la firma de ingenieros  FG SAS, Honorato Galvis Panqueva y del contador de la firma Conequipos, Jorge Augusto Dávila Palacios.

Según el juzgador, la medida se hace necesaria debido a la gravedad de los delitos endilgados, y por lo tanto los procesados debían pasar de la detención domiciliaria a la cárcel.

Por apelación de la Fiscal 3° Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el juez  en su decisión también ordenó la medida de aseguramiento de detención domiciliaria en contra de la coordinadora de sistemas de la Seccional de Justicia de Bogotá, Yolima García Garavito y a la administradora de empresas y también coordinadora de sistemas de los juzgados, Diana Fernanda Santos Rubio, quienes estaban en libertad.

Respecto del Juez 35 Civil del Circuito de Bogotá, Luis Guillermo Bolaños Sánchez, al igual que del Juez 5° Administrativo de Bogotá, Pablo Alfonso Correa Peña, la decisión de segunda instancia  les permitió continuar con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, tal como lo había ordenado  el Juez 33 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, el 6 de octubre de 2014.

Estas personas son señaladas de ser presuntas responsables de los delitos de  peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, cohecho por dar u ofrecer, y cohecho propio.

La decisión referente al Juez 35 Civil, tiene que ver con su actuación en segunda instancia sobre un fallo proferido por el Juzgado 29 Civil, el cual aceptó una tutela sin tener en cuenta la territorialidad del caso, pues se trataba de un proceso de Cartagena y de Barranquilla, inclusive haciendo caso omiso a las advertencias que sobre el caso había realizado la empresa Corelca y la misma DIAN.

Teniendo en cuenta esto, el Juez 35 obvió también las advertencias y dio luz verde a la actuación de primera instancia del Juez 29, favoreciendo a los tutelantes, en este caso los dos particulares que representaban a las empresas de ingenieros.

La fiscal del caso aseguró que los dos juece,s gracias a la entrega de una millonaria suma de dinero, dieron su aval para que los tutelantes se pudieran apropiar de manera ilegal de los terrenos que había cedido la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca) a 64 familias.

Sobre la historia del litigio, la fiscal del caso indicó que a raíz de las obras de extensión de redes eléctricas de alta tensión que proyectó Corelca, en sectores rurales del municipio de Mompox, para los años 1998 y 1999, al menos 64 familias campesinas por cuyos predios pasaron las redes se vieron afectadas, interponiendo estas una demanda contra la electrificadora.

Posteriormente para resarcir a los damnificados, la entidad optó por ceder un terreno  cerca de la ciudad de Cartagena, siendo escogido el predio de 34 hectáreas, denominado Mamonal, 12 de las cuales correspondían a una isla, considerada zona de reserva forestal.

Por gestión del abogado de las víctimas se realizaron escrituras con dos propietarios falsos, las cuales  se tramitaron ante el juez de Mompox, la registradora de Cartagena, el notario de Barranquilla y el exgerente de Corelca, quienes dieron su aval a los documentos.

Para  los años 2008 y 2009, los  imputados continuaron realizando la gestión de los documentos, concediendo  la  propiedad a dos particulares, quienes  negociaron el predio con una entidad de ingenieros.

La fiscal del caso dio a conocer que los investigados causaron un detrimento patrimonial al estado en suma cercana a los 14 mil millones de pesos, valor del predio Mamonal cedido a las familias afectadas.

Al final de la audiencia tanto el empresario como el contador fueron enviados a la cárcel, mientras que las dos mujeres fueron conducidas por el Inpec a sus residencias.

ANM/DLBM