La Fiscalía apeló la decisión del Juzgado 9º Penal de Cartagena, con función de control de garantías, que envió a sus casas a los empleados judiciales investigados por presuntamente desviar hacia despachos específicos ciertos procesos penales con el aparente fin de siempre favorecer a los imputados con esos fallos. Entre estos, se halla el proceso en contra de alias El Turco Hilsaca.
La audiencia concluyó tras quince días de diligencias por los delitos de concierto para delinquir, concusión, constreñimiento ilegal, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción, tráfico de influencias y falsedad en documento público. Están señaladas de integrar una red de corrupción judicial, que manipulaba las audiencias en el centro de servicios judiciales en la capital del Atlántico.
Uno de los casos por los cuales son investigadas está relacionado con el proceso contra Alfonso Hilsaca, conocido como El Turco Hilsaca, quien según la investigación fue uno de los beneficiados con sus decisiones.
Los detenidos fueron afectados con medida de aseguramiento domiciliaria por decisión del Juzgado 9° Penal Municipal, con funciones de control de garantías. La decisión favoreció, entre otros a los también jueces penales José Vergara Otero y Rafael Uribe y el funcionario judicial César Villadiego Hernández, entre otros.
Los otros asegurados son el juez penal Edwin Volpe Iglesias, la jueza penal del circuito Gloria Giraldo Ruiz y el funcionario del centro de servicios Luis Carlos Tovar Vanegas. También fueron afectados el inspector de Policía Francisco Sanabria Muñoz, el comisario Armando Castro Barraza, el abogado Gabriel Ramos Fontalvo, y la líder comunal del barrio Las Estrellas, Nerilda Caré Parra.
PAAM / AAEA
