Con el pretexto de ayudarles a las personas que no podían realizar retiros de dinero, los procesados se habrían apropiado de datos personales, luego los hurtaban.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal con función de control de garantías a Luis Carlos Medina Castillo y a Diana Catalina Vergel Carrillo, presuntos responsables de despojar del dinero retirado de un cajero a un usuario bancario en el municipio de Aquitania (Boyacá).

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá hizo traslado de escrito de acusación por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes. Cargo que no aceptaron.

Labores de policía judicial evidenciaron que las dos personas habrían manipulado los sistemas de seguridad de un cajero automático con el aparente propósito de apropiarse del dinero de los clientes que allí acudían.

La investigación determinó que la mañana del pasado 21 de febrero Medina Castillo se ofreció a apoyar a un usuario que había visto frustrada su intención de retirar dinero. Con esta artimaña los procesados, al parecer, se apropiaron de datos personales de la víctima, de cuyas cuentas le fueron retirados 4.900.000 pesos. Circunstancia de las cuales el perjudicado se percató, a través de mensajes de texto que llegaron al celular.

Luego de poner el caso en conocimiento de las autoridades, uniformados de la Policía Nacional ubicaron el vehículo en que se movilizaban los ahora investigados. La captura se concretó en la vía que comunica Aquitania y Sogamoso (Boyacá). En el procedimiento fue encontrada la suma retirada ilícitamente.

Por decisión judicial Medina Castillo deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario y a Vergel Carrillo en lugar de residencia.

 

MAGA/DSB/AMCJ/

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.