La Fiscalía General de la Nación en Cartagena judicializó en una misma investigación a Brayan Enrique Julio del Toro y a un menor de edad quienes estarían implicados en un homicidio ocurrido el pasado 9 de marzo en esa ciudad.

En la fotografía aparecen dos hombres de espalda, con las manos esposadas, uno vestido de camiseta gris con jean azul y el otro de camiseta azul marino con bermuda verde con rallas blancas y negras, custodiados por dos uniformados de la Policía Nacional.
A los procesados les fueron imputados los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego.

Los hechos violentos se registraron en el barrio Chiquinquirá, donde los procesados al parecer desde una motocicleta dispararon contra un hombre que se encontraba en la vía pública y huyeron del lugar. A causa de las heridas la víctima, de 26 años, falleció.

La Policía Nacional emprendió una persecución en contra de los hoy implicados y logró capturar a Julio del Toro de 23 años de edad y aprehender al joven de 16. En su poder les fue hallado un revólver calibre 38, que sería el que presuntamente usaron en el crimen.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego, los cuales no aceptaron.

En el desarrollo de las audiencias concentradas jueces de control de garantías dispusieron medida de aseguramiento en la cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena para Julio del Toro y medida de internamiento preventivo en centro de reclusión de menores para el adolescente.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

MEVA/CFG/ICHS/DSB

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.