La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de internamiento preventivo en centro especializado contra un menor de 17 años de edad, presuntamente, responsable de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.   

De la misma manera, fue judicializado Juan Manuel Córdoba (adulto) a quien la Fiscalía imputó como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y hurto calificado y agravado.  

Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Perpetuo Socorro, en el centro oriente de Medellín, la madrugada del pasado 18 de noviembre cuando un vigilante callejero; de 66 años, fue asesinado con un arma cortopunzante y luego le fueron hurtados un bolso, un celular y un poncho. 

El delito quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, lo cual permitió que los investigados fueran capturados poco después por la Policía Nacional. 

Los elementos materiales probatorios recaudados evidenciaron que las dos personas procesadas serían los responsables de la agresión. Al parecer, fueron sorprendidos por la víctima cuando, presumiblemente, rondaban un establecimiento comercial con actitud sospechosa. Al notar la presencia del vigilante los dos judicializados loa habrían agredido. 

En desarrollo de las audiencias concentradas el menor de edad aceptó su responsabilidad en cuanto a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA). El adulto rechazó los cargos imputados. 

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

LFML/MAGA/JCM/DSM. 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.