Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata URI de Pereira (Risaralda) imputó a Jesús Hernán Bolaños, Nilson Enrique Carabalí y Cristian Camilo Rivera como presuntos responsables del delito de tráfico de migrantes agravado.

En la fotografía se observan los tres capturados de espaldas y a cada uno de los lados un funcionario de la Policía Nacional.  Al fondo un pendón de Policía nacional
Jesús Hernán Bolaños, Nilson Enrique Carabalí y Cristian Camilo Rivera fueron imputados por el delito de tráfico de migrantes agravado.

El pasado 23 de septiembre los procesados fueron sorprendidos por la Policía Nacional cuando, al parecer, compraban tiquetes de bus para trasladar a 21 ciudadanos haitianos, 3 brasileros y 1 dominicano desde Pereira a Medellín; provenientes de Cali (Valle del Cauca). Cinco menores de edad hacían parte del grupo de extranjeros.

Al ser requeridos para conocer la documentación legal que permitiera su tránsito entre ciudades, las autoridades evidenciaron que ninguno de los 25 migrantes cumplía con los requisitos para estar en el país.

Las indagaciones adelantadas hasta el momento evidenciaron que los extranjeros, al parecer, habían cancelado sumas que oscilaban entre los 200 y los 250 dólares para concretar su traslado.

Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional y en su poder les fueron encontrados 4’400.000 pesos colombianos y 380 dólares americanos.

Al parecer, el objetivo de los migrantes era llegar a Necoclí (Antioquia) para de allí salir a destinos internacionales.

Los procesados afrontarán el proceso judicial en libertad.

 

Esta información se publica por razones de interés general.

 

La Fiscalía habla con resultados.  

 

CLCG/MAGA/AMBV/DSR

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.