Ante jueces de control de garantías de Ansermanuevo y Guadalajara de Buga, fiscales de la Seccional Valle del Cauca presentaron a tres personas, presuntamente, involucradas en delitos de violencia intrafamiliar.

Arley de Jesús Hernández, enviado a la cárcel como presunto responsable de maltratar a su compañera sentimental, en Ansermanuevo (Valle).

El primer caso ocurrió en el barrio La Inmaculada del municipio de Ansermanuevo donde una mujer, al parecer, vendría siendo víctima de violencia física, psicológica y económica desde septiembre de 2019.

El presunto responsable sería Arley de Jesús Hernández, su compañero sentimental, quien fue capturado por investigadores del CTI. Esta persona deberá responder como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.

En este caso un juez de control de garantías de Cartago impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra de Hernández.

El segundo hecho está relacionado con Marlon Lozano Barahona y Yinna Vanessa Heredia, de 39 y 29 años de edad, respectivamente. Las dos personas fueron capturadas por la Policía Nacional el pasado 11 de septiembre en el barrio alto Bonito de Buga, en momentos en que se agredían mutuamente.

Lozano y Heredia fueron imputados como presuntos responsables de  los delitos de violencia intrafamiliar agravada y violencia intrafamiliar, respectivamente.

Por determinación de un juez de control de garantías Lozano deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario; Heredia, por su parte, continuará vinculada al proceso judicial y comparecerá al mismo en libertad. 

En ninguno de los tres casos los imputados aceptaron los cargos.

 

MAP/MAGA/SMLR

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.