La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas que, presuntamente, habrían participado en el secuestro de un ciudadano, en hechos ocurridos el 16 de mayo pasado en zona rural del corregimiento de Pueblo Nuevo, en límites con Puerto Jordán (Arauquita).
Se trata de Angie Fernanda Salcedo Chiquillo, Omar Andrés Bravo Cárdenas y David Eduardo Jiménez Rivas, quienes fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.
En desarrollo de las audiencias preliminares los procesados no aceptaron los cargos y por disposición judicial deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
La víctima habría sido retenida y le exigieron a la familia una suma de dinero a cambio de su liberación. Posteriormente, para presionar el pago, los implicados, al parecer, enviaron pruebas de supervivencia y panfletos con referencias a un grupo armado ilegal.
Los elementos materiales probatorios indican que los investigados presuntamente facilitaron el cobro, manejo y distribución del dinero exigido, mediante el uso de líneas telefónicas y cuentas electrónicas destinadas a recibir y movilizar parte de los recursos producto de la extorsión.
Estas personas fueron capturadas el 28 de noviembre del año en curso, en diligencias adelantadas en Puerto Carreño (Vichada) y Tame (Arauca) por unidades del Gaula de la Policía Nacional con apoyo del Ejército Nacional.
MPHA/AMCJ/JASN/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
