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Judicializados tres presuntos integrantes de la organización ilegal Satet, dedicada a la extorsión en Bogotá

Los procesados se dedicarían a la extorsión en la modalidad de falsa encomienda.

La labor investigativa desplegada por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para judicializar a Víctor Mauricio Martínez, Andrés Nicolás Ramírez y Yuliana Ramos, señaladas de pertenecer a la organización delincuencial Satet, dedicada a la extorsión en Bogotá.

Bajo la coordinación de un fiscal especializado de Gaula fue posible establecer que los capturados, al parecer, estarían implicados en extorsiones practicadas mediante la modalidad de falsa encomienda.

Según la investigación, los procesados habrían accedido a información de sus víctimas y haciéndose pasar por familiares que residían en Estados Unidos, les aseguraban que habían enviado un paquete y debía ser reclamado en el aeropuerto.

Cuando la víctima acudía a recoger la encomienda, otra persona se identificaba como funcionario de una aerolínea, les indicaba que había anomalías en el envío, por lo que debían cancelar una elevada suma de dinero para evitar perder el paquete y ser judicializados.

Una de las personas afectadas habría accedido al pago de 86 millones de pesos para no ser judicializado. Este caso fue denunciado ante el Gaula de la Policía que procedió a realizar las capturadas en la localidad de Usaquén en el norte de Bogotá.

La Fiscalía les imputó el delito de extorsión agravada, cargo que ninguno aceptó. Martínez y Ramírez fueron asegurados en establecimiento carcelario; Ramos fue afectada con detención domiciliaria.

 

 

 

FAGH/AMCJ/CR/FA/MAGA/

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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