La Fiscalía General de la Nación judicializó a Héctor Samuel Tapia Morales, Leonardo Steven Vergara Cuello y a Marlon Betts Ortega, presuntamente implicados en un hurto ocurrido el 25 de octubre de 2023 en un conjunto residencial de la vereda Ojo del Agua en Santa Marta (Magdalena). Los procesados fueron imputados con delitos de hurto calificado agravado y uso de documento falso, cargos que ninguno de los tres aceptó.
Según la investigación, los procesados habrían ingresado al condominio en compañía de cuatro personas armadas, quienes vestían prendas del CTI y la Policía Nacional. Durante este hecho, que simuló un operativo oficial, fueron retenidos y amordazados dos adultos.
Los implicados habrían sustraído dos cajas fuertes que contenían joyas valoradas en más de 80 millones de pesos, 25 millones de pesos en efectivo, un arma de fuego y dos computadores, entre otras pertenencias avaluadas en más de 180 millones de pesos.
El pasado 26 de agosto Betts Ortega, quien se desempeñaba como investigador en el Cuerpo Técnico de Investigación en la Seccional Bogotá, fue capturado por servidores del CTI en el sector de Los Mártires, centro de la capital del país. La detención de Vergara Cuello, patrullero activo de la Policía Nacional se realizó en Barranquilla (Atlántico), mientras que la captura de Tapia Morales se materializó en Cartagena (Bolívar).
Por decisión de un juez de control de garantías, Tapia Morales deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; Betts Ortega y Vergara Cuello lo harán en su lugar de residencia.
La Fiscalía pública esta información por razones de interés general.
SKCR/CFG/MAGA/EFC/MPO/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
