El crimen se habría registrado en medio de una riña.

 

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Uver Herney Castro Medina, Nestor Tarazona Orduz y Michel Andrey Jerez Flórez, por su presunta participación en el crimen de un hombre en hechos registrados el pasado 4 de enero en Málaga (Santander).

Se visualiza a los procesados junto a un uniformado de la Policía Nacional e investigador del CTI. Detrás el banner que identifica a la Fiscalía General de la Nación
Los procesados fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de  homicidio agravado por  hechos ocurridos en Málaga el pasado 4 de enero.

La investigación permitió establecer que la víctima habría sido atacada con arma blanca en medio de una riña. Debido a la gravedad de las heridas falleció días después en un centro hospitalario de Bucaramanga (Santander ) donde fue trasladado.

La labores de policía judicial entre ellas la inspección al lugar de los hechos y entrevistas  permitieron identificar a  Uver Herney Castro Medina, como el presunto responsable del hecho. Los otros dos procesados habrían participado en calidad de cómplices.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Santander les imputó el delito de homicidio agravado.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Policía Nacional capturaron a los investigados,  en el casco urbano de ese municipio, en cumplimiento de una orden judicial. 

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a  Castro Medina. Por su parte, los otros dos hombres continuarán vinculados al proceso.

 

MPHA/AMCJ/EPO/DSS

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.