La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a tres personas, presuntamente involucradas en violencia doméstica. Los hechos ocurrieron en los municipios de Buga, Yotoco y Tuluá (Valle del Cauca). Todos los procesados fueron capturados en flagrancia e imputados con delitos de violencia intrafamiliar agravada y secuestro simple, según su eventual participación individual. Ninguno aceptó los cargos.

Uno de los procesados es Jaime Castrillón Fernández señalado de intimidar con un arma de fuego traumática a su excompañera sentimental a quien obligó a abordar un vehículo y llevada a la vereda Los Chorros, en zona rural de Yotoco. La mujer permaneció retenida por tres horas, durante las cuales fue maltratada psicológicamente. El procesado fue capturado el pasado 8 de mayo en flagrancia, por la Policía Nacional. La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple y violencia intrafamiliar agravada.

De otra parte, la Fiscalía judicializó al patrullero de la Policía Nacional por presuntas agresiones físicas, verbales y psicológicas contra su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de abril, en una vivienda ubicada en Tuluá (Valle del Cauca).

Finalmente, en Guadalajara de Buga, fue judicializado Luis Ángel Arboleda Restrepo señalado de atacar física, verbal y psicológicamente a su compañera sentimental. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo en el barrio Balboa de esa localidad.

Por decisión judicial los implicados deberán cumplir medida de aseguramiento en centros carcelarios.

 

MAP/DSVC/MAGA

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.