El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que siete presuntos integrantes de la organización ilegal Los Sweepers, fueran judicializados ante un juez con función de control de garantías de Bucaramanga (Santander).
Se trata de Jorge Stiven Orozco, Jesús Ernesto Vargas Rojas, Jefferson Cuadrado García, Elvis Eduardo Hernández, Héctor Stiven Rodríguez, Wendy Vanesa Hernández y Diego Alexander Parra.
Labores de policía judicial evidencian que los investigados estarían comprometidos en una serie de hurtos a usuarios de entidades financieras de Bucaramanga y su Área Metropolitana, en hechos ocurridos entre diciembre de 2004 y enero de 2005.
Uno de los casos ocurrió luego de que un ciudadano retirara 480 millones de pesos de una entidad financiera. El uso de armas de fuego les habría permitido a los ahora procesados apoderarse de más de 200 millones. En otro hecho, en el municipio de Floridablanca, los señalados responsables, al parecer, se acercaron a una persona quien recientemente había sacado cinco millones de pesos de un banco.
Por estos hechos, una fiscal local imputó a los procesados como presuntos responsables de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Cargos que no fueron aceptados por los investigados.
Seis de los procesados fueron notificados de esta investigación en su contra, en los centros carcelarios donde permanecen recluidos en el marco de otros procesos judiciales. Diego Alexander Parra, quien fue capturado por la Policía Nacional deberá cumplir la medida de aseguramiento en cárcel.
DRA/MAGA/BA/DSS.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
