La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete uniformados de la Policía Nacional que estarían involucrados en irregularidades durante procedimientos adelantados a ciudadanos en Cúcuta (Norte de Santander).
Se trata de los subintendentes Audrey Fernando Botía Reyes y José Antonio Suárez Cote, además de los patrulleros Cristian Yair Orejuela Moreno, Carlos Enrique Munive Cudris, Luis Daniel Vergara Román, Lizeth Katerine Boada Roa y Olinto Machado García. Una fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó, según su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, cohecho propio, tortura agravada, lesiones personales agravada y falsedad personal. Los cargos no fueron aceptados.
Los hechos investigados se presentaron entre enero de 2023 y junio del presente año, cuando los procesados se encontraban adscritos a los CAI de Las Mercedes y Nacional de Cúcuta. .
Uno de los hechos en los que habrían participado, fue la captura irregular de un ciudadano a quien ataron de manos y lo trasladaron a pie por más de cinco cuadras a una estación de policía de esta ciudad.
Así mismo, habrían exigido 1.500.000 pesos a una persona para no inmovilizar el vehículo en el que se transportaba, ya que era requerido por una autoridad judicial. La víctima fue despojada de las llaves del automotor, las cuales le fueron devueltas luego de que consignara un parte de la exigencia económica y el restante le fue entregado a una patrullera.
La investigación permitió determinar, que también estarían involucrados en la solicitud irregular de dineros a personas que no presentaban documentos de propiedad de vehículos o tenían licencias vencidas y a extranjeros indocumentados.
Los procesados fueron capturados en Norte de Santander, Vichada, Huila y Bolívar. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centros carcelarios.
MPHA/CFG/AMCJ/ANMP/EDBC/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
