La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mauro Sebastián Velásquez Luna y Luis Edwar Díaz Galeano, presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Autodefensas Unidad de Nariño’ (AUN).
Los dos hombres fueron capturados el pasado 16 de enero, durante operativos simultáneos realizados en Pasto e Ipiales, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
En Pasto, fue capturado Mauro Sebastián Velásquez Luna cuando se movilizaba en un sector del barrio Morasurco. De acuerdo con la investigación, este hombre sería cabecilla de escuadra, coordinando el envío de víveres y medicamentos para integrantes de la organización delincuencial.
Por su parte, Luis Edwar Díaz Galeano fue capturado en el sector de Balcones de Ipiales, por servidores del CTI junto con uniformados de la Policía Nacional y soldados del Ejército Nacional.
Según el proceso penal, Díaz Galeano es presunto cabecilla de la estructura criminal y coordinaría el envío de material de intendencia y víveres para integrantes de las ANU que se encuentran en Ecuador. Al hombre le fue incautado un morral táctico multipropósito y un celular.
Las ‘Autodefensas Unidas de Nariño’ tendrían injerencia delincuencial en Linares, Samaniego, Sotomayor, Túquerres, La Llanda e Ipiales, adelantando acciones como homicidios selectivos, extorsiones, secuestros, tráfico y porte de armas de fuego, desplazamientos de población y reclutamiento ilícito de menores.
En las audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó el delito de concierto para delinquir. Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
