La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a seis presuntos integrantes de una estructura del frente décimo de las disidencias de las FARC, que delinque en Norte de Santander.

Los procesados serían los responsables de múltiples acciones criminales en Norte de Santander.

Las evidencias dan cuenta de que serían los responsables del hurto de vehículos y cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos en Toledo (Norte de Santander). Asimismo estarían vinculados a la comisión de homicidios selectivos y el tráfico de estupefacientes.

Los procesados fueron capturados en una acción operativa de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Policía Nacional. En las diligencias les fueron incautados cinco pistolas, seis proveedores, 108 cartuchos, una motocicleta y siete celulares. Además, se logró la recuperación de dos camionetas que habían sido reportadas como robadas.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio; porte y tenencia de armas de fuego de uso privativo, de uso restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos; receptación; y hurto agravado y calificado.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberá cumplir medida privativa de la libertad en centro carcelario. Los afectados son:

• Henry Alberto Sierra Valencia.
• Diego Johan Roderos Téllez.
• Johan Andrés Cañas Torres.
• Michael Adonis Guedes Riverda.
• Pedro Alexander Stepa Abril.
• Nelson Stiven Gañán Castro.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

LMBG/JARG/DECOC

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.