Son señalados de comprar vacas, toros, caballos y búfalos muertos o enfermos; y vender la carne como un producto en óptimo estado en Bogotá y municipios de Boyacá.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Deiber Daniel Casteblanco Velásquez y Daniel Casteblanco Reyes, los presuntos responsables de operar un matadero clandestino de bovinos y equinos que funcionaba en la vereda La Concepción, en Cómbita (Boyacá).
Estas personas, al parecer, compraban vacas, terneros, caballos, toros o búfalos muertos o enfermos, los sacrificaban en medio de pésimas condiciones de salubridad y comercializaban la carne como si fuera un producto en perfecto estado a propietarios de famas, salsamentarias y restaurantes de Bogotá, Tunja y otros municipios de Boyacá.
En las verificaciones al inmueble dispuesto como matadero se constató que no contaba con los permisos ambientales y sanitarios exigidos por la ley. Tampoco había un correcto manejo de la cadena de frío de la carne; y se estaría generando una grave afectación al suelo y las fuentes hídricas del sector por los residuos sólidos y el vertimiento indiscriminado de líquidos.
En diligencia de registro y allanamiento realizado en coordinación con la Policía Nacional se incautó una tonelada y media de carne que se estaba lista para la venta, y fueron recuperados 14 animales, 9 de ellos en precario estado de salud.
Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Boyacá imputó a Casteblanco Velásquez y Casteblanco Reyes los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; daños a los recursos naturales y maltrato animal.
Por disposición de un juez de control de garantías deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
AMCJ/JARG/JMT/GELMA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
