El cuerpo de la víctima, que fue encontrado en una vivienda, presentaba múltiples signos de violencia.
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a dos hombres y una mujer, que estarían involucrados en el secuestro y posterior homicidio de una persona. Además, son investigados por otras conductas delictivas ocurridas en Dosquebradas (Risaralda).
En dos diligencias de registro y allanamiento, realizadas el pasado 13 de enero en el barrio Mirador, fueron capturados los tres investigados y encontrado el cuerpo sin vida de un joven con aparentes signos de maltrato. Asimismo, las autoridades hallaron un arma de fuego.
El material probatorio da cuenta que la víctima habría sido sometida a tratos inhumanos, atacada en repetidas ocasiones con armas cortopunzantes y estrangulada. Todo lo anterior sería la causa de su muerte.
Por estos hechos, un fiscal adscrito a la dirección Seccional Risaralda, imputó a Edson Camilo Becerra Cardona, Fabián Cárdenas Rivera y Valentina Cortés Mesa, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de homicidio y secuestro simple, ambas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Becerra Cardona y a Cárdenas Rivera. Por su parte, Cortés Mesa estará privada de la libertad en su residencia.
Por estos mismos hechos, un adolescente de 17 años de edad, fue judicializado por el delito de homicidio agravado, y afectado con medida de internamiento preventivo en centro especializado.
CLCG/AMCJ/AMMD/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
