La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres y dos mujeres que estarían involucrados en actividades de tráfico local de estupefacientes en Santander de Quilichao (Cauca).

Se trata de Kevin Duván Albornoz Orejuela, Edgar Antonio Urbano López, Diana María Cardona Botía y Lina Vanessa Quintero Vásquez a quienes un fiscal seccional les imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y utilización de menores para la comisión de delitos.

En la fotografía aparecen los cuatro detenidos junto a un servidor del CTI y un uniformado de la Policía Nacional. En la parte superior están un banner de la Fiscalía General y otro banner de la Policía Nacional
Los cuatro imputados fueron detenidos en una vivienda de Santander de Quilichao presuntamente con estupefacientes y fármacos

De acuerdo con el proceso, estas personas se habrían presuntamente distribuían marihuana, bazuco y cocaína rosada, en la modalidad de menudeo en el barrio San Bernardo.

Para la ejecución de este actuar delincuencial presuntamente utilizaban a menores de edad para los domicilios de los estupefacientes y tareas de vigilancia con el fin de evadir la presencia de las autoridades.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) junto a uniformados de la Sijin de la Policía Nacional realizaron una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda del barrio San Bernardo, donde fueron capturados los cuatro procesados.

En el inmueble fueron incautados dosis de bazuco, cigarrillos de marihuana, frascos con fármacos y metanfetaminas, ampolletas de morfina, tres grameras y cinco celulares.

Por disposición judicial deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.