La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres señalados de portar armas de fuego y munición para uso privativo de las Fuerzas Armadas, el pasado 27 de diciembre, en la vereda Vuelta Merizalde, de Olaya Herrera (Nariño).

En la fotografía aparecen de espaldas a la cámara Andrés Felipe Valencia Ojeda y José Over Ortiz Ríos. A sus extremos hay uniformados de la Armada Nacional. En la parte delantera hay una mesa con mantel blanco y sobre ella se aprecian armas de fuego, proveedores, munición y un chaleco. En la parte posterior hay un pendón del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación ‘Pegaso’, de la Armada Nacional.
Andrés Felipe Valencia Ojeda y José Over Ortiz Ríos fueron judicializados, luego de ser capturados en flagrancia, al parecer portando armas de fuego de largo alcance y otros elementos, de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en zona rural del municipio Olaya Herrera (Nariño).

Se trata de Andrés Felipe Valencia Ojeda y José Over Ortiz Ríos, a quienes un fiscal de la Seccional Nariño les imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 27 de diciembre, cuando personal de la Armada Nacional, los capturó en flagrancia, en el momento que intentaban huir.

Las autoridades les incautaron tres fusiles, proveedores y 121 cartuchos para fusil y un chaleco multipropósito pixelado.

Por decisión de un juez de control de garantías, los dos hombres deben cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

 

MAP/MH/DSP/AMCJ/

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.