Los procesados fueron capturados por las autoridades cuando estarían transportando estupefacientes y armas.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete presuntos implicados en tráfico de estupefacientes y de armas de fuego. Se trata de hechos registrados en seis municipios del centro y norte del Valle del Cauca.
En San Pedro (Valle del Cauca) fue judicializada Blanca Vety Erira Cuastumal, de 48 años. La mujer fue capturada el pasado 5 de junio cuando se movilizaba en un bus de servicio público con 72 frascos de Ketamina (720 g). La Fiscalía le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por hechos ocurridos el pasado 8 de junio en La Victoria (Valle del Cauca), fue judicializado Wilderson Rafael Loyo Ochoa, presuntamente responsable de porte de una escopeta de fabricación artesanal y 5 cartuchos calibre 16. El hombre fue imputado con el delito fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En La Unión (Valle del Cauca), la Fiscalía judicializó a Rubén Darío González Pescador y Brayan Stiven Castro Mejía, capturados en flagrancia, el pasado 11 de junio en la vereda Linderos con 103 bolsas plásticas con bazuco y cocaína, dos pistolas y 16 cartuchos para las mismas. Las dos personas fueron imputadas con los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios y municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Los tres procesados fueron afectados con medidas de aseguramiento carcelaria.
MAP/AICR/DSVC/AMCJ/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.