A través de cinco sociedades habrían auspiciado el ingreso ilegal y distribución de mercancía de origen asiático.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco presuntos integrantes de un esquema ilícito que permitió lavar activos por 29.000 millones de pesos, a través del ingreso irregular y distribución de bisutería proveniente de China.
Estas personas, como representantes legales o contadores de cinco compañías, habrían facilitado la entrada de la mercancía por el puerto de Buenaventura y su posterior traslado a Cali (Valle del Cauca).
Los análisis criminal y financiero evidenciaron que algunas de las sociedades no contaban con la capacidad económica ni la infraestructura para soportar las operaciones de comercio utilizadas para dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas detectadas.
Por estos hechos, los cinco señalados implicados fueron capturados en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en diligencias realizadas en Cali y Medellín (Antioquia). Entre tanto, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. Igualmente, se suspendieron las personerías jurídicas de las empresas aparentemente vinculadas al esquema ilegal.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/MLOP/LQ/DCDF/ALTR/DFC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
