La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Miguel Ramírez Polania y Raúl Estiven Borja González, presuntos responsables de realizar exigencias económicas ilegales a dos hombres, en hechos diferentes, en Neiva y Garzón (Huila), entre el 1 y el 7 de octubre de 2025.

Fiscales de la Seccional Huila les imputaron el delito de extorsión agravada en grado de tentativa. Los procesados no aceptaron los cargos.

En la foto aparece el capturado custodiado por dos uniformados del Gaula de Policía Nacional. En la foto también aparece un backing de la Policía Nacional y la motocicleta
Ramírez Polania, presuntamente, le exigió una suma de dinero a cambio de devolverle una motocicleta.

De acuerdo con las investigaciones, en Garzón, desde el pasado 1 de octubre, la víctima venía siendo contactada a través de llamadas telefónicas por Ramírez Polania, quien, presuntamente, le exigió una suma de dinero a cambio de devolverle una motocicleta.

Entre tanto, Borja González, al parecer, citó a su víctima en un establecimiento comercial en el barrio Tenerife de Neiva, para concretar el pago de un dinero por la devolución de un bolso con un computador portátil.

En la foto aparece el capturado custodiado por dos uniformados del Gaula de Policía Nacional. En la foto también aparece un backing de la Policía Nacional, el computador, celulares y dinero en efectivo.
Borja González, al parecer, citó a su víctima para concretar el pago de un dinero por la devolución de un bolso con un computador portátil.

Estos hombres fueron capturados en flagrancia por uniformados del Gaula de la Policía Nacional, cuando se disponían a recibir el dinero producto de las exigencias ilícitas.

Jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario contra Borja González. Por su parte, a Ramírez Polania de detención domiciliaria.

WAGG/LMFO/AMCJ/JC/CAD/JCFJ/DSH

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.